EEUU/ No más violencia sexual contra las mujeres indígenas en Estados Unidos

Actualidad Étnica, 11/05/2007. El derecho a existir en un mundo sin violencia es un principio básico en muchas culturas y gobiernos indígenas. La epidemia de actos de violencia sexual perpetrados contra mujeres indígenas en Estados Unidos refleja una quiebra profunda de las normas culturales y jurídicas que han servido para proteger a las mujeres indígenas desde tiempo inmemorial

Una de cada tres mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos será violada en algún momento de su vida. La mayor parte no reclama justicia, porque sabe que se encontrará frente a la inacción y la indiferencia.

Obstáculos a la justicia

La mayor parte de los autores quedan impunes, ya que son muchas las mujeres indígenas que no denuncian nunca los abusos cometidos contra ellas, y las que sí lo hacen se encuentran con otros obstáculos del sistema de justicia. La consecuencia del complejo laberinto de autoridades federales, estatales y tribales creado por el gobierno estadounidense es que a las mujeres indígenas se les niega la justicia.

Inacción

Las autoridades estadounidenses no solamente se han mostrado pasivas a la hora de responder adecuadamente a las amenazas que sufren las mujeres indígenas, sino que además las prácticas y políticas federales han negado a las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos la protección de la que disfrutan otras mujeres en el país.

Es necesario actuar con urgencia para poner fin a la violencia sexual contra las mujeres indígenas en Estados Unidos. Y deben ser la comprensión y no el prejuicio, los hechos y no las asunciones los que den forma a esa acción. Las organizaciones de mujeres indígenas y las autoridades tribales han puesto sobre la mesa propuestas concretas para ayudar a acabar con los abusos cometidos contra las mujeres indígenas; sin embargo, no se ha producido ninguna reacción por parte del gobierno federal.

Primeras medidas para poner fin a la violencia:

Debe determinarse el alcance del problema mediante una recogida de datos completa e integral.

Debe habilitarse un sistema adecuado de aplicación de la ley y acceso a los exámenes forenses.

Fuente: Amnistía Internacional