Por Leyla Noriega
Con el fin de visibilizar su demanda al gobierno de Chile para que revoque el Decreto Exento № 215 del Ministerio de Bienes Nacionales, que destina un “inmueble fiscal” de casi 9 mil hectáreas ubicadas en el territorio ancestral para la “instrucción y entrenamiento de la VI División del Ejército”, la comunidad de Socoroma se manifestó pacíficamente desde el Mirador de Copaquilla hasta la entrada pampa Campanane.
Con el fin de visibilizar su demanda al gobierno de Chile para que revoque el Decreto Exento № 215 del Ministerio de Bienes Nacionales, que destina un “inmueble fiscal” de casi 9 mil hectáreas ubicadas en el territorio ancestral para la “instrucción y entrenamiento de la VI División del Ejército”, la comunidad de Socoroma se manifestó pacíficamente desde el Mirador de Copaquilla hasta la entrada pampa Campanane.
Desde muy
temprano, el 21 de octubre, comuneras y comuneros de Socoroma se trasladaron
hasta el mirador de Copaquilla ubicado a aproximadamente 100 kilómetros de
Arica, con carteles y banderas negras en sus manos, mujeres, adultos mayores,
familias y personas solidarias, protestaron en la ruta internacional 11Ch.
Rodeados de Carabineros, por casi una hora las personas caminaron
hasta el territorio que el gobierno de Chile, a través del Ministerio de Bienes
Nacionales entregó en julio del 2017 al Ejercito de Chile dos lotes ubicados en
pampa Campanane, comuna de Arica: uno de 5704,16 hectáreas y el segundo de algo
más de 3007,20 hectáreas.
Dicha
destinación se realizó en el marco del acuerdo denominado “Acta de Chena 4”,
suscrito en octubre de 2016, entre los ministerios de Bienes Nacionales y
Defensa, y el Ejército, donde las fuerzas armadas hacen traspaso de 168 mil
hectáreas, entre los cuales hay sitios vinculados a la violación de los
Derechos Humanos en dictadura, y a su vez, BB.NN. destina inmuebles fiscales al
Ejército para cumplimiento de sus fines propios.
Defensa
"La
comunidad de Socoroma rechaza la determinación unilateral del gobierno al
otorgar tierras indígenas al Ejército. Lucharemos hasta las últimas
consecuencias", dijo Irenia Marca, secretaria de la comunidad indígena
aymara de Socoroma.
"Nuestra
gente es respetuosa y queremos que se nos respete del mismo modo no politizando
nuestro movimiento", agregó la dirigente territorial.
Territorio
A través de
un comunicado público dado a conocer a través de las redes sociales y medios de
comunicación, la comunidad expresó que “existe suficiente evidencia histórica,
etnográfica y judicial que respalda la reivindicación de ese territorio por
parte de la Comunidad, cuyos antecedentes jurídicos están presentes en los años
1750, 1772, 1787 y 1893”.
Agregan que
“la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través de su Fondo de
Tierras, desde 2015 inició un proceso para entregar a la Comunidad de Chucuruma
certidumbre jurídica de la propiedad de la totalidad del territorio que
históricamente ha poseído, en el que la comunidad ha participado activamente
aportando todos los antecedentes documentales de que dispone, así como la
información sobre la usos y costumbres propias del pueblo aymara requerida para
su demarcación”.
Explican que
la Ley 19.253 dispone la acción conjunta entre el Ministerio de Bienes
Nacionales y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para regularizar la
propiedad de las comunidades aymara, “por lo que resulta incomprensible que
ambos órganos del Estado en un mismo período no hayan establecido las
coordinaciones necesarias para resguardar los derechos territoriales de la
comunidad”.
Consulta indígena
En la
declaración pública, argumentan que “el
acto administrativo a través del cual se decreta la destinación, por afectar de
manera directa los intereses de una comunidad indígena, no solo debía ser
sometido a consulta previa según las disposiciones del Convenio 169 de la OIT
sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independiente,
ratificado por Chile en 2008, sino que debía contar con el consentimiento
libre, pleno e informado de la comunidad, tal como dispone el Artículo 30 de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
“Parece un
contrasentido que, al mismo tiempo que el gobierno de la presidenta Michelle
Bachelet implementa un proceso de Consulta Constituyente Indígena para definir
un nuevo marco institucional de la relación entre Estado de Chile y los pueblos
originarios, el Ministerio de Bienes Nacionales adopte medidas que conculcan
nuestros derechos sobre las tierras y territorios que históricamente hemos
poseído, pues son éstos la base de nuestra existencia y de nuestra cultura”,
añaden las y los socoromeños.
Finalmente
declaran que el pueblo aymara es amante de la paz “y aspiramos a vivir en
armonía y equilibrio con la Pachamama, los mallku, uywiris y achachilas, bajo
los principios del Suma Qamaña, por lo que no podemos aceptar que nuestros
territorios continúen siendo entregados a instituciones militares, incluso con
fines de instrucción”.
Por lo que
la Comunidad Aymara de Socoroma demanda que el Ministerio de Bienes Nacionales
revoque el acto administrativo que los despoja de parte de su territorio y que
se adopten todas las medidas necesarias, con la participación de las
comunidades aymara, para prevenir que situaciones similares a las descritas
vuelvan a ocurrir.