Llamado de adhesiones

Minga Informativa de Movimientos Sociales
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Manifiesto de las organizaciones de la sociedad civil ante la situación
de acoso sufrida por la defensora de los derechos humanos, Sonia Pierre.
Santo Domingo, 11 de abril de 2007

En días pasados hemos asistido a algunos actos de intimidación contra la
ciudadana dominicana Sonia Pierre, ya sea destruyendo su fotografía de
la exposición pública en el Parque Independencia, donde se la considera
entre las 100 mujeres dominicanas representativas de nuestra sociedad,
así como la amenaza de nulidad de su condición de nacional dominicana
por supuestas irregularidades en la tramitación de la misma hace 43 años.

Estas agresiones se suman a una larga lista de actos cometidos en su
contra simple y llanamente porque Sonia Pierre ejerce desde hace varias
décadas la defensa de los derechos humanos de la población
dominico-haitiana, visibilizando la situación de la inmigración haitiana
en República Dominicana y la defensa de las mujeres de los sectores más
desfavorecidos del país, trabajo por el que es reconocida a nivel
internacional por organismos como Amnistía Internacional y la Robert
Kennedy Memorial, quienes han premiado su labor.

Si bien la destrucción de la fotografía en dos oportunidades no puede
ser atribuida a alguien en concreto, en el caso de la nacionalidad
cuestionada, el organismo de la Junta Central Electoral ha actuado a
instancia de la Fuerza Nacional Progresista, partido político de perfil
conservador que en muchas de sus actuaciones públicas no hace sino
exigir arbitrarios recortes de derechos a las personas.

Ante estos hechos las organizaciones firmantes, manifestamos lo siguiente:

Recordamos al Estado dominicano su ineludible deber de protección a
todas las personas que están bajo su jurisdicción. Sobre el particular y
conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, conviene
recordar que el Estado dominicano ha asumido un conjunto de obligaciones
jurídicas en torno al derecho a la nacionalidad.

La primera, es la obligación general de protección de todas las personas
que se encuentran en su territorio, la misma que debe ser igualitaria,
efectiva y sin discriminación. Es decir, el Estado tiene la obligación
de respetar los derechos y libertades, así como la obligación de
garantizar el libre y pleno ejercicio de los mismos a todas las personas
que estén bajo su jurisdicción, tal como lo establece el Artículo 1.1 de
la Convención Americana y el Artículo 8 de la Constitución dominicana.

La segunda, es la obligación de armonización que requiere que la
Constitución y las leyes sean conformes con el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. Por ello, todos los órganos constitucionales y en
particular la Junta Central Electoral están prohibidos de realizar actos
o regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios
que vulneren los derechos fundamentales de las personas, en este caso el
derecho a la nacionalidad de todos los dominicanos de ascendencia haitiana.

Y por último, la obligación de prevenir y evitar la apatridia, por el
cual el Estado dominicano debe otorgar la nacionalidad a todas las
personas nacidas en su territorio, que de otro modo quedarían en
condición de apátridas, conforme al párrafo 143 de la Sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de las niñas Yean y
Bosico vs. República Dominicana, del 8 de septiembre de 2005.

Rechazamos el uso por parte del Estado de medidas de intimidación
incompatibles desde todo punto de vista con las buenas prácticas de un
Estado Democrático y de Derecho, más aún cuando las agresiones contra
Sonia Pierre tienen un contenido claramente racista, xenófobo y
discriminatorio, dirigido a su persona como mujer, como afro
descendiente y como dominico haitiana, contraviniendo expresamente las
normas de la Convención contra el Racismo, la Discriminación y la
Intolerancia y lo estipulado en la Convención para la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.

Hacemos un llamado a todos los Partidos Políticos, recordándoles que
deben operar como medios necesarios para el funcionamiento del sistema
democrático, expresando el pluralismo político, económico, social y
cultural, que posibilite la integración entre gobernantes y gobernados.
Deben, por tanto, adecuar su funcionamiento al respeto de los valores y
principios constitucionales.

Condenamos y rechazamos la acción política de la Fuerza Nacional
Progresista, ya que su actividad busca vulnerar los principios
democráticos y los derechos fundamentales de los dominicanos y
dominicanas de ascendencia haitiana, quebrantando la paz social.

Afirmamos la imperiosa necesidad y exigibilidad de construir una
política migratoria sobre bases justas y respetuosas de los derechos
fundamentales de todas las personas, partiendo de acuerdos binacionales
de regulación del proceso migratorio a largo plazo, conforme a los
estándares internacionales de derechos humanos.

Demandamos al Estado y a algunos sectores de la sociedad dominicana
abandonar el discurso alarmista y excluyente sobre el tema migratorio,
dado que imposibilita un planteamiento que aborde realmente el fenómeno
de la migración y el problema de la xenofobia, y que incita opiniones
carentes de argumentos razonables y totalmente irrespetuosos de la
dignidad de las personas.

Finalmente,

Exigimos, al Gobierno tomar inmediatamente las medidas necesarias para
garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales de Sonia
Pierre, su familia y la de las y los integrantes de MUDHA (Movimiento de
Mujeres Dominico Haitiano) organización que desde hace más de 20 años
lucha por los derechos de las mujeres y su integración en términos de
igualdad a la sociedad dominicana.


Enviar mensajes de adhesión a: ochycuriel@yahoo.com



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