El pasado 14 de mayo, la Asamblea Legislativa Plurinacional del país andino dio por fin luz verde a la Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, una normativa esencial para proteger a las mujeres de los actos de acoso y violencia, y dotarlas de herramientas judiciales que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos políticos. Responde a una necesidad urgente: desde el año 2000 se ha registrado más de 4.000 denuncias de acoso, quedando silenciadas las voces de muchas víctimas.
Voces como la de Caty Cauna, concejala de la ciudad de Coroico y Presidenta de la Asociación de Concejalas del departamento de La Paz (ACOLAPAZ). “Las mujeres de diferentes organizaciones hemos demandado a gritos que se apruebe esta ley y se aplique”, cuenta. “Las autoridades competentes deben garantizar ahora que se cumpla esta normativa para que la sociedad aprenda que no se pueden violar los derechos de las autoridades electas por el pueblo y que quede impune”.
La Ley contra el Acoso y Violencia Política contempla sanciones para quienes ejerzan actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas contra una mujer electa o en el ejercicio de la función pública, con una pena privativa de libertad de dos a cinco años. En caso de violencia política la sanción para quienes comentan agresiones físicas, psicológicas o sexuales contra una representante pública es de tres a ocho años de prisión.
Este triunfo para la sociedad de Bolivia ha sido posible gracias a la aplicación en el país de los principios constitucionales de paridad y alternancia promovidos por la red de organizaciones “Coordinadora de la Mujer” junto con otras instituciones nacionales, apoyadas desde noviembre de 2010 por elFondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres.
La Ley facilitará el acceso de las mujeres a los puestos de decisión en un país en el que la participación femenina en la política se ha incrementado de forma significativa en los últimos años: un 35 por ciento de los Ministros son mujeres, un 23 por ciento de los diputados desde 2009, y un 44 por ciento de los senadores. “Hemos roto el techo de cristal para la participación política de las mujeres, aunque la paridad es mayor en algunos órganos que en otros”, cuenta Mónica Novillo, de Coordinadora de la Mujer.
El desafío será ahora mantener una adecuada vigilancia para que la ley se implemente de forma efectiva. La amplia difusión de los contenidos de la norma y la coordinación con el poder judicial para la aplicación de sanciones, serán claves en esta tarea.
El Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres está cambiando la vida de miles de mujeres y niñas en todo el planeta a través de subsidios multianuales, que se entregan de forma directa a organizaciones de mujeres y organismos gubernamentales comprometidos con la equidad de género alrededor del mundo.
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