Adriana Manzanares es una indígena tlapaneca originaria de Camalote, comunidad ubicada en el municipio guerrerense de Ayutla de los Libres. En 2006, Adriana de apenas 20 años de edad quedó embarazada por tercera vez. Sin embargo, el tercer embarazo no fue producto de la relación con su marido, quien años antes había partido hacia Estados Unidos, sino de su nueva pareja sentimental con el cual se frecuentaba desde hacía unos meses. Teniendo 7 meses de embarazo, Adriana sufrió un parto prematuro por la muerte del producto en su vientre ante lo cual fue acusada por su propio padre ante la comisaría ejidal, por adulterio y aborto. Frente a dicha situación y de acuerdo a los usos y costumbres de aquel poblado, la comunidad se constituyó en una asamblea popular para acusarla, lo cual ocasionó que fuera apedreada, escupida e insultada. Una vez denigrada fue puesta a disposición del Ministerio Público de Ayutla, lugar en el cual fue obligada a rendir una declaración a todas luces coaccionada y sin comprender las consecuencias jurídicas que tendría dicho acto.
Es así como Adriana Manzanares fue declarada culpable por el delito de homicidio en razón de parentesco y sentenciada en primera instancia a 27 años de prisión, logrando en segunda instancia que su pena fuera reducida a 22 años, para lo cual fue recluida en el penal de Chilpancingo.
En virtud de las particularidades del asunto la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Adriana Manzanares y el miércoles pasado le concedió un amparo por unanimidad de votos de los Ministros integrantes de la primera sala, el cual ordenó su inmediata puesta en libertad tras largos siete años de permanecer recluida.
En el sistema internacional de derechos humanos existe hoy una amplia gama de normas pertinentes para combatir la violencia contra las mujeres indígenas. Particularmente por su condición de mujeres, gozan de los derechos consagrados en numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y en el plano regional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Además, por su condición de indígena, las mujeres gozan de los derechos consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
El asunto que tenemos en frente es muy relevante porque debe sentar un precedente trascendente para todos y cada uno de los juzgadores en México. El juez no debe ser un autómata en la aplicación de la ley sino que también debe tener en cuenta el entorno y el contexto en que el que se presentan determinadas situaciones. Particularmente en el caso de Adriana Manzanares, las autoridades y el juzgador debieron valorar el caso bajo un criterio de perspectiva de género y bajo la consideración de la cosmovisión y costumbres indígenas las cuales pudieron tener repercusiones psicológicas emocionales y sociales sobre Adriana. Resulta increíble que haya sido sentenciada a casi 30 años de prisión sin antes tomar en cuenta la perspectiva de género y su entorno social y cultural analizados a la luz de los derechos consagrados tanto por la Carta Magna como por los diversos tratados internacionales que México ha suscrito.
Afortunadamente para Adriana su amparo fue resuelto en sentido favorable por la Suprema Corte, sin embargo, casos como éste prenden un importante foco rojo en la procuración de justicia en México. Reitero lo dicho en el párrafo anterior al señalar que los jueces deben resolver no solo conforme a la ley sino tomando en cuenta el contexto en el que acontecieron los hechos que se le presentan para su deliberación. Nuestro país para asumir un verdadero compromiso con la protección de derechos humanos debe juzgar casos como este a la luz de la perspectiva de género y velando por la adecuada instrucción para los indígenas sobre los tecnicismos, formalismos y etapas del procedimiento judicial así como sobre sus consecuencias. México debe intensificar su esfuerzo para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades de todas y todos sus habitantes, particularmente de sus minorías. El caso de Adriana Manzanares revela lo grave que puede ser en nuestro país ser mujer y ser indígena.
Fuente: sdpnoticias.com
Difunde: Ukhamawa Noticias
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