Por Yolaidy Martínez*
La canadiense Loretta Saunders, de la etnia Inuit, se propuso investigar en su tesis universitaria el espinoso tema de las mujeres aborígenes desaparecidas o asesinadas, sin imaginarse que tristemente compartiría la misma suerte de sus semejantes.
Su vehículo fue hallado poco después en manos de dos personas, actualmente arrestadas y acusadas de robo, mientras la policía encontró al cabo de 15 días el cuerpo sin vida de la joven, quien además tenía tres meses de embarazo.
Saunders irónicamente se convirtió en la más reciente víctima de un flagelo que en los últimos 50 años laceró cientos de hogares indígenas de Canadá y aún no tiene solución a la vista.
Un reciente estudio académico elevó de 600 a 852 la cifra fatal de originarias asesinadas o desaparecidas, pero las comunidades autóctonas denuncian la existencia de más de cuatro mil casos, principalmente en las provincias de Columbia Británica, Manitoba y Ontario.
Según otro informe internacional, pero de 2013, muchas de las víctimas murieron, fueron maltratadas y violadas por los propios agentes de la policía, sin embargo el Gobierno no indagó lo suficiente en ningún caso, no buscó culpables y sigue sin adoptar recursos legales para evitar esos crímenes.
Saunders dedicó los últimos meses a desentrañar el misterio alrededor de todos esos sucesos trágicos y, en especial, el de tres jóvenes aborígenes de Nueva Escocia cuyo paradero todavía se desconoce.
Con ese propósito la joven Inuit entrevistó y buscó el asesoramiento de importantes líderes de comunidades nativas de dicha provincia que sufren los estragos de la violencia.
El mismo día en que la estudiante desapareció, una organización femenina entregó a la Cámara de los Comunes una petición rubricada por 23 mil 88 personas del país norteamericano que exige al Estado iniciar una investigación seria sobre el fenómeno.
La Asociación de Mujeres Nativas de Canadá (NWAC), creada en 1974, también urgió a las autoridades federales implementar un plan de acción nacional para atender y frenar cualquier forma de violencia contra las originarias.
"Cuántas firmas se necesitan o cuántas más mujeres y muchachas indígenas deben morir o desaparecer para que el Gobierno se convenza de que es imperativo una indagación pública nacional para examinar el asunto y buscar soluciones a esta tragedia", aseveró la presidenta del grupo, Michele Audette.
Sin embargo, el grupo aún no recibió ninguna respuesta oficial.
DISCRIMINACIÓN POR PARTIDA DOBLE
La población autóctona de Canadá es el sector más golpeado por añejos problemas de desigualdad socio-económica, marginalización y racismo.
Pero el impacto es mayor en sus mujeres porque sufren los estragos de prácticas coloniales y de la cultura patriarcal que las relegaron a roles subordinados, las deshumanizan y alientan la imagen de verlas como meros objetos sexuales sin rostro.
Según la escritora Guthrie Valaskakis, antiguas escrituras englobaron a las nativas en dos categorías: una era la imagen de "princesas indias, encantadoras, orgullosas y virtuosas" y la otra las describían como "amantes salvajes, indomables, sucias, resistentes a la colonización y pervertidas".
Tales conceptos etiquetaron a las indígenas como seres "sexualmente disponibles", por lo cual esas féminas son hoy las principales víctimas de secuestros, violaciones, prostitución y matrimonios violentos, confirmó un estudio de la NWAC sobre la situación de ese sector en Canadá.
Expertos y el propio Estado califican de crítica la situación actual de las originarias, doblemente estigmatizadas por su origen social y el género, y que en su mayoría viven en reservas dentro de hogares con precarias condiciones habitacionales.
De acuerdo con datos del censo Statistics Canadá, las nativas representan el 42,7 por ciento de la tasa nacional de pobreza y en comparación con el resto de las canadienses tienen un alto índice de embarazo precoz, drogadicción, alcoholismo y feminicidios como consecuencia del maltrato doméstico.
La balanza también es desfavorable para ellas en cuanto a oportunidades de empleo, salarios decorosos, participación política, acceso a la educación y a una atención sanitaria adecuada, lo cual repercute en elevados niveles de mortalidad materna, gran incidencia y prevalencia del VIH-sida.
El estudio mostró que el índice de suicidios en las jóvenes nativas es tres veces mayor que el de sus similares no aborígenes.
La imposición de leyes asimilatorias y valores foráneos durante la colonización europea y la anexión obligada al estado nacional, destruyó el equilibrio existente en algunas comunidades de Canadá donde las mujeres eran escuchadas y participaban en la toma de decisiones.
En ese contexto, también se les violaron constantemente los derechos relacionados con su género mediante los ultrajes, esterilizaciones forzadas, desprecio de su lengua tradicional, costumbres, cultura y vestimenta, entre otros.
La falta de una solución radical a todos esos problemas conllevó a las mujeres indígenas a movilizarse, agruparse, buscar información y desarrollar múltiples iniciativas a fin de denunciar sus agonías a escala nacional y global.
Algunas de las acciones más destacadas son dos marchas celebradas los 14 de febrero y los 4 de octubre de cada año desde hace más de dos décadas con el fin de sensibilizar a la población, defender sus derechos ancestrales, exigir más amparo legal, el cese de la violencia y de la discriminación.
Cuando defendiera su tesis en la próxima primavera, Loretta Saunders planeaba despejar algunas incógnitas del feminicidio aborigen, buscaba reivindicar respeto para su sector e insistir en la necesidad de erradicar el maltrato físico, emocional y sexual que sufren.
Su trabajo quedó inconcluso, pero como dijera su tutor Darryl Leroux constituye un acto de coraje, fuerza y resistencia que hubiese ayudado a aliviar el dolor de la juventud indígena de Canadá y a promover el derecho a la seguridad de todas las mujeres.
*Periodista de la redacción Norteamérica de Prensa Latina
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